La Gran Logia de España, principal entidad de la masonería en ese país, se encuentra próxima a obtener la declaración de «utilidad pública» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El reconocimiento estatal ha sido gestionado por el senador socialista Txema Oleaga. Su aplicación supondría importantes ventajas, como exenciones fiscales, acceso a subvenciones y otro estatus legal e institucional.

