La calle Juárez, corazón comercial de este puerto histórico, fue escenario hace pocos días de un insólito enfrentamiento entre miembros de la Gran Logia Unida Mexicana, organización fundada en 1865. La pelea —donde se reportaron golpes e insultos— evidenció la fractura interna por el control de un terreno valuado en 3 millones de dólares.
El conflicto se remonta a 1992, cuando Filemón Arbiol Campos intentó reclamar la propiedad mediante un juicio de prescripción positiva. La victoria legal llegó en 1999 de la mano del abogado Fernando López Arias Valenzuela, hijo del exgobernador homónimo (1974-1980), quien recibió 40 cheques por sus servicios y posteriormente ascendió al cargo de Gran Maestro, según consignan fuentes periodísticas.
Si bien no gratifica producir informes de temas como este, queda de relieve que la disputa desborda los extremos del más elemental comportamiento fraternal. Las ambiciones han sido puestas por delante de las más sanas aspiraciones institucionales.
Como dice algún ritual de ingreso, dentro de la institución se pueden encontrar los mismos defectos y disputas que son habituales en la vida profana. Pero es deber de los protagonistas que sus aristas estén más atenuadas, porque se supone que para ello desbastan su piedra bruta, elevando altares para las virtudes y cavando tumbas para los vicios.
Tramas cruzadas
Desde el interior de la entidad revelaron que la actual crisis involucra a:
- Gabriel Benítez Cabrera —acusado de nombrar a su hermano como abogado de la logia pese a su previa representación de la contraparte
- Porfirio Josafat Flores Cruz —señalado por suspender arbitrariamente logias con más de un siglo de antigüedad
El predio en litigio, ubicado en la colonia Los Pinos, fue adquirido en 1965 para construir instalaciones recreativas. Sus 10.000 metros cuadrados hoy albergan locales comerciales que generan sendos retornos por alquileres.
Legado en jaque
Testimonios de miembros bien intencionados lamentan lo sucedido porque mancha los ideales de fraternidad que fundaron la Orden en ese país. En tanto, la crisis refleja tensiones entre agrupaciones que disputan la administración de un patrimonio multimillonario, mientras despliegan su enfrentamiento escudados detrás de argumentos de carácter filosófico.
La Fiscalía de Veracruz mantiene abierto un expediente por alteración del orden público, aunque ningún implicado resultó detenido.