A 15 meses del asesinato del periodista, asambleísta, masón y candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, ocurrido a la salida de un mitin en Quito, se filtraron más de 9.000 chats que provendrían de su teléfono celular, en los que se revelan -entre otras- conversaciones que mantuvo con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acerca de la manipulación de denuncias por corrupción, y con Carlos Pareja Cordero, persona de fortuna investigada por negocios irregulares y que financiaba la actividad política del fallecido.
La difusión de estos datos en la Argentina fue transmitida por el sitio web filtraleaks.com, luego de que se divulgaran las conversaciones, especialmente en el medio digital La Posta, en un programa donde se publicaron detalles de lo que se descubrió.
En Parvis se dio difusión oportunamente al homicidio de Fernando Villavicencio, consignando su condición de iniciado masón, describiendo los hechos de su asesinato a sangre fría en la vía pública -atribuido a razones políticas-, y lamentando las consecuencias. Sin embargo, en honor a la verdad que merecen los lectores, los nuevos datos vienen a echar luz detrás de una escena general que, en principio, había sido presentada por sus partidarios sin ningún elemento incriminante para la víctima. Pero la novedad no justifica de manera alguna su asesinato, por cuanto es imperioso que reine un trato civilizado, cualquiera sean las circunstancias.
En una emisión de más de dos horas de La Posta, explicaron que, tras el asesinato de Villavicencio, su celular pasó por varias manos: primero, el personal de seguridad, luego un militar, después un actual candidato a la Asamblea, y finalmente llegó a Amanda, hija del exasambleísta, quien lo entregó a su último poseedor, el que a su vez lo habría puesto en manos del FBI estadounidense, luego de realizar copias del contenido. Una de tales copias se habría filtrado ahora.
De acuerdo con los chats, Villavicencio mantenía una relación cercana con la fiscal Diana Salazar. En las conversaciones, coordinaban la divulgación de investigaciones sobre corrupción, procurando evitar contradicciones entre la Comisión de Fiscalización, que presidía Villavicencio, y la fiscalía.
Salazar también habría intervenido para resolver una denuncia contra la familia de Villavicencio, interpuesta por un consejero del expresidente Lenín Moreno. Los chats sugieren que ambos se consultaban frecuentemente, compartían documentos confidenciales y solicitaban apoyo mutuo, acciones que podrían implicar violaciones legales.
Según La Posta, Villavicencio y otro colega recibieron financiamiento a través del portal Periodismo de Investigación, incluso de figuras como Carlos Pareja Cordero, vinculado a sobornos de Odebrecht y señalado por manejos irregulares en empresas públicas como Petroecuador.
La denuncia agrega que algunas publicaciones eran pagadas, y que incluso se omitían reportajes cuando recibían importes por no publicarlos. En un caso específico, un asociado a Villavicencio habría recibido $200.000 por no divulgar información sobre un exministro de Energía investigado por cohecho.
La Posta contrastó los chats filtrados con conversaciones previas que sus propios periodistas mantuvieron con Villavicencio, mediante lo cual habrían certificado su autenticidad. El contenido de los chats y su impacto siguen generando debate en Ecuador, mientras familiares y aliados del dirigente buscan proteger su legado, tanto político como masónico.