Mientras Bélgica reabre el debate sobre las visitas domiciliarias para detener a personas en
situación irregular, surge una pregunta fundamental: ¿hasta dónde pueden llegar los Estados
en nombre del control migratorio sin comprometer los derechos fundamentales? Este
proyecto, ya rechazado en 2018 en Bélgica, resurge en un contexto europeo tenso, donde la
seguridad parece prevalecer sobre la dignidad humana.
Una violación directa de la vida privada
El derecho a la inviolabilidad del domicilio es uno de los pilares de la democracia. Autorizar a la policía a entrar en una vivienda privada sin consentimiento, incluso con autorización judicial, constituye una intrusión en la esfera íntima. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) protege este derecho (artículo 8), salvo en caso de amenaza comprobada para la seguridad pública. Sin embargo, los criterios
invocados —como el “peligro para el orden público”— siguen siendo vagos y sujetos a interpretación.
Cifras que ilustran la magnitud del fenómeno
En 2022, más de 5,1 millones de personas migraron hacia la Unión Europea desde un país tercero, más del doble en comparación con 2021. En 2023, se registraron 1,1 millones de solicitudes de asilo, pero solo la mitad obtuvieron protección oficial. Más de 488.000 personas recibieron la orden de abandonar el territorio europeo en 2023, sin embargo, solo se realizaron 93.000 expulsiones efectivas, lo que demuestra los límites de las políticas de retorno forzado. La UE contaba en 2023 con aproximadamente 27,6 millones de nacionales de países terceros, lo que representa cerca del 6 % de su población total.
Prácticas divergentes en Europa
Si bien algunos países como Alemania o Francia autorizan intervenciones en el marco de expulsiones, estas están estrictamente supervisadas por el juez. Bélgica, en cambio, contempla un enfoque más intrusivo, que podría sentar jurisprudencia e inspirar a otros Estados. Esto corre el riesgo de provocar una deriva securitaria donde los derechos de los migrantes se relegan sistemáticamente a un segundo plano. La masonería belga1 se ha pronunciado recientemente contra este proyecto que recuerda las horas oscuras de mediados del siglo XX.
Una política que debilita el Estado de derecho
Más allá de los migrantes, es todo el sistema democrático el que se pone a prueba. Al debilitar las garantías judiciales, criminalizar la ayuda humanitaria y tolerar condiciones de detención indignas, los Estados socavan los principios que dicen defender. El clima de miedo instaurado empuja a las personas en situación irregular a esconderse, evitar la atención médica o incluso la escuela —creando una
población invisible, vulnerable y excluida.
¿Hacia una política migratoria más humana?
Es urgente repensar las políticas migratorias. Esto implica reforzar las vías legales de entrada, garantizar procedimientos justos y respetar los derechos fundamentales, independientemente del estatus administrativo. Una sociedad justa se mide por la manera en que trata a los más débiles —y los migrantes suelen ser los primeros afectados. ¿Puede la masonería actuar de algún modo en este contexto?
- El tema de las requisas domiciliarias a inmigrantes en ese país ha ocupado suficiente espacio en los medios digitales, y motivó una queja pública del Gran Oriente de Bélgica, Le Droit Humain y la Gran Logia de Bélgica. ↩︎
Parvis expresa su reconocimiento a Hervé Peró -miembro del Capítulo Nuevo Mundo– por la gentiliza de preparar este artículo en exclusiva para esta edición. Para realce de la redacción y los conceptos originales, y con la idea de amenizar la lectura, se resaltaron algunos textos con negritas. También se realizaron ínfimas adaptaciones en el uso de mayúsculas.