En un emotivo discurso en la «tierra del sol y del vino», un destacado defensor de los derechos humanos ha enfatizado la necesidad urgente de oficializar el Derecho Humano a la Paz en el marco internacional. Con una mirada retrospectiva sobre las anteriores generaciones de este tipo de super normativas, el titular de CLIPSAS, Ivan Herrera Michel, ha destacado la importancia de la solidaridad en la construcción de un mundo pacífico.
Contextualizando la evolución de los derechos humanos desde la Revolución Francesa, hizo hincapié en las primeras y segundas generaciones basadas en la libertad y la igualdad. Sin embargo, señaló que la tercera generación, centrada en la solidaridad y la paz, aún enfrenta obstáculos en su reconocimiento formal.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 marcó un hito en la segunda generación de derechos, abordando la igualdad y extendiendo la protección a mujeres y personas no binarias. Pero fue en la década de 1970 cuando el jurista checo Karel Vasak propuso la clasificación de derechos de la tercera generación, como la paz, el desarrollo sostenible y el derecho a un medio ambiente sano.
Según Herrera Michel, el Derecho Humano a la Paz ha sido objeto de debate durante varias décadas y, aunque se han logrado avances notables como el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por la ONU (2022), la paz como derecho aún espera su reconocimiento oficial.
El conferencista destacó la importancia de los derechos de la solidaridad en el contexto actual de desafíos globales, desde la descolonización hasta la globalización. Señaló que éstos son fundamentados en la solidaridad y la cooperación internacional, ya que buscan abordar problemas como el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la protección de datos personales en Internet.
Esta búsqueda espera todavía el reconocimiento formal por parte de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, un antecedente podría ser el germen, en tanto que la Resolución 71/189 (2016) formuló que la paz es un derecho moral. Falta que ingrese a la categoría de derecho humano jurídico. La propuesta, según fuentes académicas colombianas, espera consolidarse como una herramienta eficiente en el marco internacional, como forma de abordar los conflictos bélicos y la violencia estructural y cultural.
El profesor Milton Arrieta López y la Dra. Margarita Rojas Blanco, figuras destacadas en la investigación sobre paz y derechos humanos en Colombia, han instado a la ONU a pronunciarse favorablemente, destacando su potencial importancia práctica como una herramienta jurídica cautelar y judicial y poniendo de relieve que es coherente con el artículo 1° de la DUDH, cuando aboga por la fraternidad entre los seres humanos.
Otro antecedente relevante fue la declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz (1984), marcando un hito al establecer que el mantenimiento de una vida pacífica es un deber de los Estados, lo que podría empujar a coronar un proyecto de la naturaleza del que se propone, del que un texto está en tramitación en la ONU. Este proyecto incorpora elementos clave, como el desarme gradual de los Estados y la destrucción de armas que amenacen el medio ambiente, incluyendo elementos ofensivos radioactivos.
Con una mirada optimista hacia el futuro, una decisión en tal sentido podría constituir un avance fundamental en la promoción de la armonía mundial. Luego, su incorporación en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados y la presión constante de la sociedad civil podrían allanar el camino hacia una «Pax Perpetua», siguiendo la visión de Enmanuel Kant en 1795, y contribuir al desarrollo cultural contra la violencia y el flagelo la guerra.
Fuente: Ponencia leída en la Conferencia «Democracia, República e igualdad» organizada por Aequalitas Internacional (2022). Mendoza, Argentina
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