El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, representa el periodo más oscuro de la historia institucional del país. Esta dictadura cívico-militar ejecutó un plan sistemático de control y represión que alteró profundamente el tejido social y afectó a todas las organizaciones civiles, incluyendo a la masonería. Hoy se cumplen 50 años del inicio de ese lapso bochornoso y sangriento.
Durante estos años, la sociedad argentina sufrió una fragmentación drástica bajo un régimen que priorizó el control político y económico mediante la violencia estatal. Las logias masónicas, instituciones que históricamente declamaban los valores republicanos, transitaron ese tiempo en una ambivalencia marcada por la supervivencia interna y la presión del entorno autoritario.
El impacto estructural en la sociedad civil
La junta militar instaló un modelo de vigilancia que permeó cada rincón de la vida pública y privada. La suspensión de las garantías constitucionales, los secuestros y desapariciones, y la disolución de los partidos políticos crearon un vacío de representación que la dictadura coronó con censura. Este escenario obligó a las instituciones intermedias a adoptar posiciones de extrema reserva para evitar la intervención directa del régimen.
Los organismos humanitarios fijaron una estimación de 30.000 desaparecidos, aunque el Estado reconoció en el proceso del Nunca Más a cerca de 9.000 víctimas identificadas (cifra que sigue creciendo con cada hallazgo macabro), mientras permanece sin determinar el destino de un número no precisado de personas.
El tobogán de la economía
La sociedad argentina experimentó una transformación económica y cultural que desmanteló gran parte de las estructuras de solidaridad social que existían previamente al golpe de 1976. Y durante ese tiempo se contrajo la mayor deuda externa hasta ese momento, bajo la férrea decisión de una dirección económica liberal que eligió como una de sus principales víctimas a la industria local.
En este contexto, la masonería argentina mantuvo sus puertas entre abiertas y entornadas, bajo un clima de vigilancia constante. A diferencia de lo ocurrido bajo los regímenes fascistas europeos de la primera mitad del siglo XX, los militares argentinos no prohibieron formalmente la actividad masónica. Esta distinción fundamental permitió que las logias continuaran sus actividades rituales, aunque se admite que el número de integrantes disminuyó drásticamente. Muchas personas evitaron la participación en cualquier tipo de asociación para eludir sospechas y posibles imputaciones por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
El gobierno depuesto
Ángel Jorge Clavero, desde su cargo de Gran Maestre, afirmó en una entrevista que, en los tres gobiernos del General Perón, «los cancilleres pertenecían a nuestra institución» (la Gran Logia de la Argentina). Alberto Vignes, al haber sido el canciller durante el tercer gobierno (entre 1973 y 1976, bajo Lastiri, Perón e Isabel), quedaría incluido en esta categoría según el relato institucional.
Pero también reconoció que había presencia de masones en otras carteras de menor envergadura, como secretarías de Estado, sin precisar los nombres de quienes las encabezaban. Todo esto indica que la masonería —en tanto parte de su fraternidad había ocupado cargos en el gobierno depuesto— también puede contarse como una víctima de la interrupción del esquema democrático de entonces.
Las logias argentinas frente al poder militar
La relación entre la masonería y la última dictadura presenta matices complejos que desafían las interpretaciones simplistas. Las investigaciones históricas basadas en archivos desclasificados revelan que la institución no sufrió una persecución sistemática por parte de las Fuerzas Armadas. Este fenómeno habría ocurrido debido a la presencia de sectores liberales dentro de la estructura militar que compartirían ciertos valores filosóficos con la masonería. Para estos oficiales, las logias estaban más próximas a representar entidades de bien público antes que amenazas subversivas, tal como mayoritariamente las interpreta el modelo masónico estadounidense.
Un caso emblemático se observa en la ciudad de La Plata, donde las logias mantuvieron vínculos institucionales con representantes de las tres fuerzas armadas y la policía bonaerense. Los registros de la época muestran la organización de eventos culturales compartidos entre masones y autoridades del régimen de facto. Esta convivencia permitió que la masonería platense, por ejemplo, conservara sus espacios de reunión frente a regimientos militares importantes.
Nadie estaba a salvo
Sin embargo, esta cercanía con el poder no garantizó la inmunidad para todos los miembros, ya que el clima de terror generalizado provocó numerosas deserciones. La desaparición forzada de personas y la censura informativa y de opiniones generaron un ambiente donde el secretismo tradicional de la masonería se convirtió en una herramienta de protección de carácter vital para sus integrantes. Las logias se transformaron en refugios de pensamiento discreto, intentando preservar su patrimonio simbólico en medio de una verdadera tempestad política.
No se encuentran testimonios a la mano de miembros de la Orden que por su condición de tales, hayan sido destinatarios directos de secuestro, tortura, cárcel o desaparición. Sin embargo, hay testigos del ingreso en el tiempo posterior a la dictadura de algunos iniciados que fueron víctimas de situaciones penosas y dolorosas. Tal el caso de un masón que —habiendo sido él mismo secuestrado y torturado en ese período— fue admitido en una logia de Mendoza. Durante el interrogatorio de admisión (que se practica con los ojos vendados o con la cabeza cubierta en forma ceremonial), dijo que era la primera vez que él respondía un interrogatorio encontrándose encapuchado por propia voluntad.
La influencia de la logia Propaganda Due
La política argentina de esos años tuvo una conexión particular con Italia a través de la logia Propaganda Due (P2), que fuera expulsada del Gran Oriente de Italia a raíz de sus actividades extramasónicas. Aunque esta era una organización de origen italiano liderada por Licio Gelli, sus redes de poder se extendieron vastamente en el cono sur. La P2 funcionó como un nexo de intereses económicos y políticos que involucró a figuras prominentes del gobierno militar argentino. El exalmirante Emilio Eduardo Massera —miembro del triunvirato de la junta militar— figuró en los registros de esta logia como el miembro número 478.
Esta organización operó fuera del control de las instituciones de Argentina, actuando como una red de influencia transnacional. Los objetivos de la P2 en la región coincidieron con la implementación de políticas neoliberales y la lucha global contra el comunismo. La mención de esta logia es fundamental para comprender cómo ciertos sectores del poder militar utilizaron estructuras de apariencia masónica para consolidar su hegemonía. Sin embargo, la Gran Logia de la Argentina ̣̣—como la expresión organizacional más representativa de la época— mantuvo su propia estructura independiente de las operaciones criminales vinculadas a la P2.
El proceso de reconstrucción democrática
La caída de la dictadura tras la Guerra de Malvinas en 1982 inició una etapa de apertura para todas las instituciones argentinas. Con el regreso de la democracia en 1983, la masonería comenzó un lento proceso de normalización institucional. Algunas fuentes indican que la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones debió redefinir su papel en una sociedad que exigía verdad y justicia por los crímenes del pasado.
Durante las décadas posteriores, la institución fue incorporando una posición de condena explícita hacia el terrorismo de Estado. Los comunicados oficiales de esta obediencia subrayan en la actualidad la incompatibilidad de los valores masónicos con la violación de los derechos humanos. La masonería argentina ha participado activamente en las conmemoraciones del 24 de marzo, reivindicando la memoria de las víctimas y reafirmando su compromiso con el sistema republicano. Esta evolución discursiva pareciera estar en la búsqueda de subsanar los silencios de la época dictatorial y reposicionarse como una defensora de las libertades civiles. Aunque queda claro que, en general, las entidades del espacio prefieren mantenerse neutrales en política, en especial de los partidismos, y ese posicionamiento termina devolviéndolas a una mudez de conveniencia.
La deriva actual y la identidad digital
En la actualidad, las logias argentinas atraviesan una fase de visibilidad sin precedentes. El paso del secretismo a la discrecionalidad ha permitido que la masonería utilice internet y las redes sociales para difundir su ideario. La Gran Logia busca constantemente legitimarse en la sociedad mediante una narrativa que vincula su historia con los padres fundadores de la Argentina, alejándose de las sombras del siglo XX. Otras obediencias y logias mantienen una presencia activa en la web y las redes, transmitiendo también valores éticos y democráticos en el marco de su desenvolvimiento iniciático.
Las estrategias comunicativas modernas han reemplazado el hermetismo total por una transparencia institucional controlada. Las autoridades actuales realizan entrevistas frecuentes en medios masivos para desmitificar prejuicios y atraer a las nuevas generaciones. Esta apertura cultural responde a la necesidad de participar en el debate público sobre temas como la laicidad, la educación y la ética ciudadana. Aunque los rituales internos permanecen reservados a los iniciados, la proyección externa de la masonería argentina es hoy clara y accesible.
Otras fuentes:
Libro Nunca Más.