La Policía Metropolitana (Met) del Reino Unido ha iniciado una consulta para determinar si debe exigir a sus agentes que declaren su pertenencia a la institución. Esta propuesta, que forma parte de una actualización de la política de asociaciones declarables, genera un intenso debate entre la institución policial, las asociaciones de personal y la propia Gran Logia Unida de Inglaterra.
La medida busca responder a inquietudes de vieja data sobre cómo tales lealtades fraternales podrían influir en investigaciones judiciales o policiales, ascensos de grado policial y hasta en procesos disciplinarios. Sin embargo, sus críticos alegan que vulnera derechos humanos fundamentales.
Contexto de la propuesta
La recomendación surge del informe del Panel Independiente Daniel Morgan, que investigó el manejo del asesinato sin resolver del detective privado homónimo en 1987. Dicho documento señaló que la membresía masónica de algunos oficiales había generado «sospecha y desconfianza recurrentes» durante las pesquisas. La Met sostiene que ya está establecido que sus agentes deben informar sobre cualquier vínculo que pueda comprometer su integridad o dañar la reputación de la fuerza.
Ejemplos actuales incluyen asociaciones con personas con antecedentes penales o con profesionales de sectores como el periodismo o la investigación privada. No obstante, la federación que representa al personal policial alega que esta ampliación específica resulta desproporcionada.
Espejo internaccional
El caso británico no es el único en el que se han despertado sospechas sobre el accionar policial o de servicios de seguridad, y hasta de inteligencia del Estado. En Francia, no hace mucho, se abrió un debate acerca de ciertas maniobras amañadas en la distribución de cargos en el Estado, en el cual se incluía un capítulo acerca de la policía de ese país.
Reacciones y debate sobre derechos fundamentales
La Federación de Policía Metropolitana ha manifestado una oposición frontal, argumentando que la medida viola el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación, reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos. Matt Cane, secretario general de la federación, se ha preguntado dónde se trazaría el límite, planteando si en el futuro deberán declararse también afiliaciones a clubes sociales, organizaciones religiosas o grupos comunitarios.
Por su parte, la Gran Logia Unida de Inglaterra, ha reiterado que sus miembros ya deben actuar con transparencia si su membresía resulta relevante para su labor profesional, pero califica una obligatoriedad general como una intromisión injustificada.
Posibles colisiones con derechos humanos y laborales
- Derecho a la privacidad (Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos):
- La medida obligaría a los oficiales a declarar su pertenencia a una organización privada, lo que constituye una injerencia en su vida privada. Tanto la Federación de Policía Metropolitana como la Gran Logia Unida de Inglaterra argumentan específicamente que esto es una violación del derecho a la privacidad.
- Libertad de asociación (Artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos):
- Obligar a declarar la pertenencia podría disuadir a los oficiales de asociarse libremente con los masones, por temor a ser objeto de sospechas o consecuencias profesionales. Esto afecta directamente su derecho a la libertad de reunión y asociación.
- Posible estigmatización y discriminación:
- Tratar a la masonería como una «asociación declarable» (poniéndola en la misma lista que personas con condenas penales o despedidos de la policía) podría estigmatizar a los miembros de esta organización y crear un ambiente de sospecha hacia ellos, afectando su ambiente laboral y sus oportunidades de promoción.
- Principio de proporcionalidad:
- Se cuestiona si la medida es proporcional al fin buscado (evitar conflictos de lealtad y corrupción). La Federación de Policía se pregunta «¿Dónde termina?», argumentando que podría extenderse a clubes de golf, organizaciones religiosas, etc., creando una vigilancia excesiva sobre la vida privada de los oficiales sin una justificación clara y específica.
- Derechos laborales:
- La posibilidad de que la membresía afecte «investigaciones, promociones y mala conducta» implica que declararse masón podría tener repercusiones negativas en la carrera del oficial, incluso sin que exista una prueba de conducta indebida. Esto podría ser visto como una forma de discriminación laboral basada en la afiliación a una organización lícita.
Posicionamiento institucional
El comandante Simon Messinger aclaró que la consulta no pretende prohibir la pertenencia a la masonería, sino incorporarla —junto con otras organizaciones— a la lista de asociaciones que los agentes deben declarar si existe un posible conflicto de lealtades. Subrayó que el objetivo último es fortalecer la confianza tanto interna como de la ciudadanía londinense, en línea con el plan estratégico de la institución.
Mientras, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, mantiene una posición cautelar, habiendo descartado en el pasado un registro obligatorio por considerarlo potencialmente lesivo para los derechos de los oficiales. La Met ha anunciado que mantendrá diálogos con la Gran Logia antes de tomar una decisión definitiva.
Argumentos a favor de la medida
- Prevención de conflictos de lealtad y corrupción: La iniciativa se basa en el informe del Panel Independiente Daniel Morgan, que vinculó la masonería con «sospechas recurrentes» en investigaciones de corrupción. El objetivo declarado es fortalecer la integridad y la confianza pública en la policía.
- Imparcialidad: La policía argumenta que necesita saber si sus oficiales tienen lealtades que puedan comprometer su imparcialidad en investigaciones o procesos internos.
- Transparencia y confianza pública: La medida es parte de un plan más amplio para mejorar los estándares éticos y la rendición de cuentas dentro de la fuerza policial.
En la Argentina
La presencia de miembros de las fuerzas de seguridad es profusa en las logias argentinas. En casi todas las obediencias hay representantes de las policías locales, o miembros de fuerzas federales. Lo que ha causado impacto es que hubo rumores de intervención de grupos secretos, organizados dentro de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones (exCangallo), espacio en el que habrían tenido intervención en la interna de la propia institución.