Un masón y funcionario de la Asamblea Nacional de Venezuela puntualizó algunos errores en el proceder de la Gran Logia de su país en el accionar que sucedió con posterioridad a la muerte de Óscar Pérez, un miembro de la Orden y funcionario policial que cayó abatido durante un enfrentamiento mientras supuestamente integraba un grupo de ataque revolucionario que pretendía deponer al gobierno de Nicolás Maduro hace pocos años.
“Habría aclarado públicamente que la acción del hermano Óscar Pérez se realizó por su propia voluntad y no representa a la institución”, sostuvo Esteban Oria, quien acciona junto al equipo legal que gestiona una condena contra el Estado venezolano por éste y otros hechos que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El caso fue muy resonante inmediatamente después de haber ocurrido la muerte de Pérez por cuanto motivó una gran difusión e innumerables pronunciamientos de lamentación y repudio por parte de logias y obediencias de todo el continente americano, dando lugar también a profundos debates acerca de los hechos acontecidos.
Las observaciones al accionar de las máximas autoridades masónicas constituyen un verdadero manual de operaciones para tener en cuenta en situaciones extremas de violación de derechos, cuando fueran dirigidas hacia los masones y las logias. Por el enfoque general de las indicaciones, posiblemente podrían ser transpoladas a cualquier país.
El autor manifiesta ser integrante de la misma Logia Santiago Mariño N° 208 a que pertenecía Pérez, y publicó con su firma un extenso y fundamentado artículo en el diario El Nacional de Caracas luego de haberse celebrado a principios de noviembre pasado una audiencia en la CPI durante la cual se rechazaron los argumentos presentados por el gobierno venezolano.
La CPI que juzga estos casos es la misma que a fines de enero pasado decidió investigar a Israel por delitos supuestamente cometidos en las acciones de represión contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, en cuyo desenvolvimiento habrían producido cerca de 25.000 muertes de personas inocentes, de las cuales el 60 por ciento serían mujeres y niños según cálculos de fuentes imparciales.
Continuando con las acciones que él recomienda debería haber tomado la autoridad masónica en Venezuela, aclaró que debería subrayarse entonces que la participación de Pérez en esa asonada “no sería motivo de su expulsión (de la Orden) ya que se trata de un acto de conciencia”, y que a pesar del esos acontecimiento el hermano fallecido continuaba perteneciendo a la institución.
Indicó que si él hubiera estado a cargo de las decisiones, habría designado de inmediato una representación legal “para garantizar el seguimiento adecuado de la situación y actuar en defensa de cualquier masón que fuera objeto de represalias” por su condición de tal. En particular, refiere que esta determinación habría sido oportuna desde el momento en que otro imputado introdujo en la causa la condición de masón de Pérez (dato que ignoraban los jueces hasta ese momento).
Luego de efectuar algunas recomendaciones respecto del manejo de información dirigida a la opinión pública y hacia otras potencias de la región, puntualizó que la Gran Logia debería haber enfatizado el derecho a la libertad de reunión, y solicitado la protección de organismos internacionales “como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. A esto sumaría -advirtió- el traslado de “los archivos de los miembros a una Gran Logia en otro país para su custodia y protección” y la disposición de un cierre temporal de actividades.
Los acontecimientos recientes en la CPI se enmarcan en lo que Oria refiere prudentemente como “señales alentadoras” del tribunal en su decisión de profundizar una investigación que lleve a dilucidar los hechos que hoy se mantendría bajo el velo de la impunidad, según su interpretación.
Remarca el autor que se han ofrecido testimonios y presentado pruebas suficientes para obtener una sentencia que sea condenatoria para Venezuela. Entre los elementos de juicio se encuentran los nombres de funcionarios policiales, militares y de agentes de inteligencia, que estarían involucrados en las denuncias, y también copias de expedientes y actas judiciales, declaraciones de testigos, etc.
Si bien subraya que los fallos y sentencias de los jueces venezolanos se han cuidado de acusar expresamente a la masonería de desarrollar actividades delictivas, reporta que muchas acciones del poder público reflejan una metodología persecutoria, lo que ejemplifica con el ingreso de espías como miembros de las logias, la acción de algunos miembros de la Orden en favor del gobierno, interrogatorios sin causa real a masones relacionados con Pérez, y la gravísima acusación de haberse producido desapariciones y asesinatos de hermanos, delitos todos ellos que habrían sido precariamente investigados e incluso encubiertos por las autoridades judiciales.
Jubileo. El movimiento masónico venezolano dispuso declarar que 2024 sea un año jubilar, al celebrarse el 24 de junio próximo el bicentenario de la creación de la primera logia en Caracas, en el lugar que hoy es denominado el Gran Templo Nacional. Así lo anunciaron en la ciudad de Maracay, luego de una reunión anual que congregó a 250 integrantes de ese nucleamiento.
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