La masonería mexicana se ha expresado en defensa de la integridad de las Constituciones de 1857 y 1917 frente a las reformas legales que vulneran la soberanía nacional y los derechos sociales. Los miembros de las logias en Durango han denunciado históricamente las políticas de privatización que afectan el patrimonio del país y la economía de los ciudadanos. Esta posición institucional reafirma el compromiso de los talleres masónicos con la laicidad del Estado y la protección de los recursos naturales ante los intereses particulares.
De esta manera lo sostiene Sergio V.M. Sánchez en una columna publicada esta semana en el diario El Sol de Durango, en la cual sostiene que la Orden también se opone a las reformas constitucionales que vulneran el bienestar del pueblo de ese país. Y agrega que el líder regional de la institución ha sido impuesto de los antecedentes de la participación de masones ilustres en la redacción de los artículos de los cuerpos constitucionales, que aún tienen vigencia plena.
Tríada fundamental
Se sostiene con acierto que la libertad es el símbolo del pensamiento por el cual el cuerpo y el espíritu se liberan de toda traba y dominación. Pero que una libertad sin equilibrio conduce al abuso del más fuerte. Por ello aparece de inmediato la necesidad de contrapesar el posible abuso mediante la igualdad, palabra que supone a la justicia como fundamento. Finalmente, la justicia no se impone por caridad, sino por la obligación de ser fraternos, con lo cual se descubre el tercer término de una tríada fundamental.
Esta composición intelectual delinea una conformación armoniosa del espíritu. Pero, lo es también para la sociedad. Mediante un enfoque individual, esta divisa casi no presenta resistencia al análisis ni a la adhesión simple y voluntaria.
Dilema en la conciencia
Sin embargo, la pregunta obligada sería hasta qué punto debe trasladar un masón su vocación o convicción de libertad, igualdad y fraternidad a la sociedad en la que vive. Cuando el punto de vista es colectivo, plural, esta aspiración encontrará colisión con otros intereses y otras ideas políticas, económicas y sociales que la confrontarán.
En esa disquisición han transcurrido tal vez los años más oscuros para los masones. Muchas veces, sin siquiera ejercer una «militancia» al estilo partidario, esa confrontación condujo a gran número de miembros a la persecución, a la cárcel, a la tortura y a la muerte. En algunos momentos también, por imperio de la tolerancia mutua, ese pensamiento se impuso en forma progresiva en las normas que organizan a los Estados. Prueba orgullosa de ello es la propia constitucionalidad del derecho liberal, instaurado a semejanza de los ejemplos históricos de los EE. UU. y la Francia del siglo XVIII.
El caso de Durango
Varios constitucionalistas del estado de Durango explicaron el origen de la Carta Magna al referente histórico de la masonería local, Ramiro Arrieta. Señalaron que los masones redactaron los artículos en sus talleres nocturnos antes de las discusiones parlamentarias de 1917. En estos espacios los miembros refrendaron el espíritu de la ley de 1857 -su Constitución liberal por excelencia- y profundizaron sus alcances sociales. A la par, diputados duranguenses (se menciona a Pastor Rouaix, Alberto Terrones Benítez y Silvestre Dorador) aportaron propuestas fundamentales para la nueva legislación.
De lo cual se desprende que las logias masónicas fueron protagonistas de los artículos fundamentales de las Constituciones de 1857 y 1917. Estas leyes defendieron la soberanía de México y la separación entre la Iglesia y el Estado. También establecieron la libertad de cultos junto a la laicidad de la educación pública. El Estado asumió la administración de los recursos naturales y promovió el reparto agrario para restituir tierras a sus dueños originales. Estos principios aseguraron los derechos humanos de la población nacional.
El reflejo continuo
Así, en la Argentina se rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi, en México, a Benito Juárez (y a los ya mencionados), y en cada país al prócer o semihéroe que consiguiera convertir esas ideas generales en normas particulares. Más tarde, la deriva del constitucionalismo social de los siglos XIX y XX, y los derechos humanos de la Declaración de la ONU, cumplieron su cometido dando forma a la organización legal de sociedades que pretendían ser más justas, por lo menos en la letra.
Por lo cual, no habría lugar al escándalo o al deslumbramiento sorpresivo cuando se traza una línea de continuidad entre lo individual y lo social. Libertad, igualdad y fraternidad propiciarían el bien de cada individuo, con lo que parece no haber lugar para interpretar que esa fórmula es inconveniente para el conjunto de ellos, llamado sociedad.
Se ha indicado con acierto que afirmar solo uno de los conceptos de la tríada en desmedro de los demás, o negar algún ángulo de este triángulo, solo conduce al camino errado. Se trata de unos principios de humanidad que están crujiendo en el tiempo presente, cuando se afirma y afianza el predominio de concepciones que tienen una mirada incompleta de los fenómenos. Lo que terminaría conduciendo al error.
Modelo neoliberal y privatizaciones
Recuerda el autor que México sufrió transformaciones negativas cuando los gobiernos neoliberales tomaron el poder. Carlos Salinas de Gortari aplicó un sistema que privatizó las industrias y empresas nacionales más rentables. Ernesto Zedillo continuó estas políticas mediante la subasta de bienes públicos que pertenecían a la Nación. Este presidente también decretó que los jubilados recibieran pensiones equivalentes a solo una fracción mínima de su sueldo activo.
La masonería inició entonces protestas inmediatas cuando Salinas de Gortari reformó la Constitución con un Congreso que se sometió a su voluntad. Ramiro Arrieta lideró manifestaciones en las calles de Durango junto a los integrantes de la institución. Los ciudadanos expresaron su indignación frente a la estatua de Benito Juárez y el Palacio de Zambrano para denunciar el despojo económico. La organización ya había enviado quejas oficiales a las autoridades centrales antes de estas marchas públicas.
El contexto político actual
El despropósito legislativo ocurrió nuevamente durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. El mandatario reformó artículos esenciales para permitir la privatización del petróleo y los recursos naturales. Estas reformas estructurales afectaron gravemente los derechos laborales de los maestros. Humberto Contreras Martínez dirigió la respuesta masónica ante este nuevo escenario político.
La institución -en su momento- manifestó su desacuerdo formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión. Manuel Sarellano y el propio Sergio V.M. Sánchez, autor del artículo de referencia, firmaron los documentos que exigían el respeto a la soberanía nacional. Actualmente la ciudadanía muestra descontento contra los legisladores locales que aprobaron incrementos excesivos en el impuesto predial (una tasa que reciben los municipios para aplicar al pago de los servicios).
Sostiene finalmente Sánchez que los diputados de diversos partidos políticos suelen aceptar iniciativas perjudiciales para obtener beneficios personales, pero no brinda precisiones sobre esta denuncia de tono general.